El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue perfilando el texto de la que será la primera Ley de Vivienda de carácter estatal de la historia y que regulará, por primera vez, los precios del alquiler, con lo que se retrasa el calendario inicial de aprobarla este mes de enero.

De acuerdo con los plazos que anunció el ministro, José Luis Ábalos, tras el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos, a finales de este mes tendría que haberse aprobado la norma, si bien ahora el calendario que maneja el Ministerio es seguir perfilando la nueva ley hasta mediados de febrero, y a partir de ahí, llevarla al Consejo de Ministros, según han trasladado a Europa Press en fuentes de este departamento.

A finales del pasado mes de octubre, PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y al Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses, con el fin de «limitar» y «eventualmente bajar», los precios de alquiler en zonas de mercado «tensionadas».

Este acuerdo entre los dos partidos del Gobierno motivó que Unidas Podemos retirara la enmienda que, junto a otros grupos parlamentarios, había presentado a los Presupuestos de 2021 para limitar los precios del alquiler.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido que el control de los precios de alquiler se va a llevar a cabo «oyendo a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado».

«Vamos a plantear si ayuntamientos y comunidades autónomas tienen esta voluntad para que a partir del índice de referencia de los precios de alquiler puedan establecer su propio índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y revisable periódicamente», añadió Ábalos hace unas semanas.

Asimismo, afirmó que todos los grupos parlamentarios van a tener «una gran oportunidad para opinar, pensar y proponer», ya que al plantearse como un proyecto de Ley, «se genera un proceso de participación».

PODEMOS QUIERE MÁS

Pero Unidas Podemos quiere ir un paso más allá y reivindica que la próxima Ley de Vivienda movilice también la vivienda vacía propiedad de los grandes tenedores y les fuerce a sacarla al mercado para incrementar la oferta de alquiler social en favor de las familias vulnerables.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, defendió, en una entrevista con Europa Press, que se tendrá que colaborar también con las distintas comunidades autónomas para «no salga a cuenta tener vivienda parada», combinando distintos instrumentos, ya sean incentivos o de carácter obligatorio.

De esta forma, la Vicepresidencia de Derechos Sociales, liderada por Pablo Iglesias, quiere consensuar con el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, la regulación del precio del alquiler para evitar subidas abusivas.

Para Unidas Podemos, la nueva normativa debe propiciar «sin ninguna duda» que España tenga un parque de vivienda de alquiler «decente» y «adecuado» a las necesidades de la ciudadanía, puesto que ahora es «irrisorio» en comparación con otros países europeos, incluso de carácter «conservador» como el caso de Reino Unido, en palabras de Belarra.

Entre los objetivos de este proyecto de Ley que defiende el departamento de Ábalos se encuentran también la regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general, el blindaje de la función social de la vivienda o promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estable.

También destacan el refuerzo del derecho a una vivienda digna a precio asequible, el de la planificación y cooperación interadministrativa en esta materia o la transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda.

EL SECTOR MUESTRA RETICENCIAS

Esta misma esta semana, el director general de vivienda y suelo del Ministro, Francisco Javier Martín, se reunió con el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, y su consejero delegado, Manuel Romillo, para trasladarles un mensaje de tranquilidad y asegurarles que la futura Ley no será perjudicial para el sector, que ha mostrado bastante recelos al respecto.

No obstante, durante el encuentro no trascendieron detalles de esta futura norma. Desde la Agencia Negociadora, se trasladó al Ministerio su «gran preocupación» por las medidas que está adoptando el Ejecutivo en esta materia.

De hecho, remarcaron que piensan que se está «perjudicando seriamente al mercado del alquiler, provocando una gran inseguridad jurídica».

Así, alertaron de los impagos que sufren los propietarios, de la falta de libertad para recuperar, «en ciertos casos», las viviendas arrendadas, y de la caída de rentabilidad que está sufriendo el alquiler.

Para la Agencia Negociadora del Alquiler, el futuro puede ser «incierto» si la nueva Ley de Vivienda continúa con estas medidas, además de por «la intervención de precios y la expropiación de viviendas vacías».