El director de Capital reflexiona sobre los deberes pendientes de España de cara a este año que acaba de comenzar

La economía española inicia 2024 con un capítulo marcado en rojo en la columna del ‘debe’: el necesario saneamiento de las cuentas públicas. El buen comportamiento del PIB (positivo en el ‘haber’) no es suficiente para corregir los desequilibrios estructurales, que deben estar marcados por la moderación del gasto de la Administración para evitar que el endeudamiento público siga encadenando máximos históricos cada trimestre. 

Además, la búsqueda de la necesaria convergencia entre el aumento del PIB -muy marcado por el peso creciente del sector público- con el incremento de la renta per cápita de los españoles es, de momento, una quimera. España crece, sí, pero ese crecimiento no se traslada a la renta real disponible de los hogares -en niveles inferiores a los de 2007, antes de la crisis financiera- ni al ritmo de reducción del desempleo, que seguirá por encima del 10%, como mínimo, otros tres años. 

La clave reside en la baja productividad, uno de los frenos estructurales de nuestro país, y en los menores niveles de inversión, fundamentalmente por la escasa capacidad del sector público para destinar partidas de gasto a este capítulo. El fuerte aumento de los costes de otras partidas impide cualquier atisbo de ‘alegría’ en términos de la denominada como ‘formación bruta de capital fijo’. 

Instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han advertido de que España no será capaz de cumplir los objetivos de déficit público -situarlo por debajo del 3% del PIB- en los próximos dos años. De hecho, señala que son necesarios ajustes de gasto público adicionales, pero la composición del Gobierno de coalición y los compromisos adquiridos con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez no permiten vislumbrar un escenario de moderación presupuestaria ni de ambiciosas reformas económicas por el lado de la oferta. 

Esta falta de voluntad política para moderar el gasto público, con una visión demasiado cortoplacista, se produce en un contexto demográfico marcado por el envejecimiento de la población. Por ello, y por la subida de las pensiones (la de jubilación crece a un ritmo superior al 9%), el desembolso mensual en esta partida superó los 12.000 millones de euros en diciembre, nuevo récord histórico que será pulverizado este mes de enero. En el conjunto del año, el coste de las prestaciones contributivas superará los 200.000 millones. 

Otro de los capítulos que aumentará de forma alarmante es el de los intereses de la deuda. El encarecimiento de la financiación de los Estados, acelerado por las subidas de tipos de los bancos centrales, provocará que esta partida absorba más de 39.000 millones de euros del presupuesto público. En términos prácticos, los españoles estaremos más endeudados que nunca (por encima de 1,6 billones) y la refinanciación de este pasivo será aún más cara. 

“El ciudadano adora a los gobiernos generosos en el gasto hasta que se da cuenta de que tiene que pagar cada vez más por ellos” 

En vez de recortar gasto público, el Gobierno lo fía todo al ‘maná’ de la subida de impuestos, ya que el Ministerio de Hacienda prevé que los ingresos tributarios crecerán en torno a los 24.000 millones de euros. Podemos prever nuevos incrementos del Impuesto de Sociedades y, probablemente, del IRPF, y todo indica que los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas seguirán vigentes. 

Es evidente que, en este contexto de aumento del coste de la vida, la sociedad aplaude cualquier inyección de dinero por parte de la Administración. Pero no debemos olvidar que todo aumento del gasto público que supere los ingresos se convierte en deuda. Y que, si este endeudamiento crece más rápido que la capacidad de generación de riqueza (PIB), el resultado es que seremos más pobres. En resumen, todos los ciudadanos adoran a los gobiernos generosos hasta se dan cuenta de que tienen que pagar cada vez más por ellos.