Según el Instituto de Actuarios Españoles (IAE), la reforma de Escrivá incrementará el gasto en pensiones hasta hacerlo inviable en 20 años, poniendo en retroceso la sostenibilidad de las pensiones
La reforma impulsada por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones liderado por José Luis Escrivá suma cada vez más críticos. Los expertos avisan que la subida de las pensiones con el IPC pone en riesgo la sostenibilidad del sistema a 20-30 años. Así lo indica el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) en su informe ‘Grupo de Investigación en Pensiones Públicas’ acerca de la reforma de la Seguridad Social, que sostiene que el Gobierno ha asegurado las prestaciones comprometiendo la sostenibilidad en los próximos años.
Los profesionales del sector advierten que las medidas desarrolladas van en dirección contraria a los fines que se quieren alcanzar, poniendo en retroceso la sostenibilidad de las pensiones. El estudio realizado por el IAE apunta que la revalorización de las pensiones con el IPC amenaza la sostenibilidad del sistema y el instituto pide que esta normativa y sus consecuentes efectos, incluido el primer paso de la reforma de las pensiones sean más claros a la ciudadanía y expliquen sus posibles resultados.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido ya numerosas críticas en esta línea. Sin embargo, Escrivá considera que el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país surge solo porque algunos sectores lo fomentan y lo califica de ‘viejuno’, alegando «falta de frescura en la reflexión económica en España en muchos temas«. En referencia a esto, el IAE disgrega entre las desviaciones y los aciertos de la reforma dirigida por el ministro Escrivá en relación con la sostenibilidad.
El principal fallo es que la reforma retrocede en el proceso de fortalecer la sostenibilidad del sistema, a pesar de insistir en reforzar la suficiencia de las pensiones. Va marcha atrás en la capacidad actual y futura de llevar a cabo los compromisos que se quieren lograr, además de retroceder también la equivalencia actuarial entre lo entregado y lo recibido. Esto derivará en poner en peligro la suficiencia de las pensiones o lo que es lo mismo, la habilidad de garantizar a las personas jubiladas una calidad de vida parecida a la que tenían cuando estaban en edad de trabajar.
El estudio concluye con que se producirá un aumento del gasto en pensiones, sobre todo como consecuencia de la revalorización de las mismas con el IPC, y lanzan la advertencia de que las modificaciones realizadas en la normativa de la jubilación demorada y anticipada «van a generar un resultado incierto» y conllevará a «una pequeña disminución del gasto, en el mejor de los casos». El profesor de Economía Financiera y Actuarial y miembro del IAE, Enrique Devesa, asegura que la presente mejora de la suficiencia para los pensionistas «implica un empeoramiento de la sostenibilidad del sistema».
Y no solo el IAE, el Banco de España también se muestra pesimista. Ha publicado el informe de ‘Estabilidad Financiera’ en el que avisa que la reforma de pensiones eleva el gasto previsto a futuro, aludiendo a «previsible incremento de los gastos ligados al envejecimiento de la población«. El coste de la revalorización se mueve entre los 10.000 y los 13.500 millones de euros. Fedea, por ejemplo, prevé un gasto extraordinario de 1.700 millones por cada punto extra de inflación (10.200 con IPC medio del 6%). Algunos como WTW se van hasta los 12.300 millones de euros; y la AIReF, eleva el gasto a unos 1.500 millones por cada punto extra.
Cambios en la jubilación
El próximo año habrá cambios en las edades de jubilación y el período de cotización. Pese a la reforma de pensiones de 2013, en la cual el Gobierno establecía la edad de jubilación de los 65 a 67 años en un período de 15 años con un proceso que finalizaba en 2027, estas cifras volverán a subir de cara al año que viene, afectando a miles de trabajadores que tenían la jubilación a un paso. Hoy la jubilación queda en 65 años si se ha cotizado 38 años o más y en 66 años y 6 meses si el tiempo de cotización de menor de 38 años.
No obstante, a partir de 2027, en caso de haber cotizado menos de 38 años y 6 meses, la edad que se exigirá pasa ser de 67 años. Es más, la edad irá aumentando progresivamente los próximos años, desde los 66 años y 8 meses en 2025 a los 66 años y 10 meses en 2026. Teniendo esto en cuenta, el IAE analiza que la reforma penaliza al ciudadano que opta por retrasar la jubilación.
Aunque los coeficientes se han unificado en el 4% por cada año completo de demora de la edad de jubilación, «siguen por debajo de lo actuarialmente equivalente, que estaría en torno al 5,4% anual». El instituto cuantifica que esta medida supone unos 4 millones de euros adicionales el primer año, mientras que a medio-largo plazo (20-30 años) puede suponer un aumento del 0,1% en el gasto en pensiones.
Las pensiones públicas de la Seguridad Social están garantizadas por derecho, pero los expertos avisan de que la reforma Escrivá va en sentido opuesto a los objetivos marcados que afectarán a la jubilación. La reforma debe ser más clara, concisa y modificada si es preciso, porque la población debe ser consciente de que al alcanzar la edad de jubilación, la pensión que el ciudadano reciba va a ser, con certeza, bastante inferior al salario que recibían cuando estaban en activo.
