Expertos y propietarios temen que las limitaciones previstas en la nueva Ley de Vivienda frenen inversiones y reduzcan la cantidad de viviendas que se dedican al alquiler

Como casi cada decisión que toma el Gobierno, el desbloqueo de la Ley de Vivienda fue anunciado a bombo y platillo. Junto con ERC y Bildu, el Gobierno se propone reformar el mercado del alquiler con medidas ya vistas en otros lugares, como la limitación de los precios.

En particular, la medida que más atención ha recibido es la limitación de los precios para este mismo 2023 y para 2024. En concreto, la subida para este año tendrá un límite del 2%, mientras que el año que viene no podrá superar el 3%.

Por otro lado, se amplía la definición de gran tenedor. Un propietario será considerado gran tenedor si tiene cinco viviendas o más en una zona tensionada, ya sea una persona física o jurídica. Para ser considerado gran tenedor se necesitaban, al menos, diez viviendas, frente a las cinco que propone esta nueva Ley.

Esto influye en la capacidad para desahuciar a los inquilinos que no paguen su renta. Es decir, la Ley de Vivienda va a incluir una disposición para inadmitir las demandas para recuperar una vivienda en la que viven personas en situación de vulnerabilidad económica, siempre que no haya mediado un procedimiento de conciliación.

Desde el sector empresarial se han recibido con escepticismo estos cambios. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho esta misma semana que la ley provocará «justamente lo contrario» de lo que pretende, que es reducir el precio de los alquileres. En su opinión, las medidas de la ley «parecen muy interesantes», pero las tacha de «populistas» e «intervencionistas».

Es una visión parecida a la que tiene el sector. Desde la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) consideran que limitar precios es «cortoplacista». De hecho, afirman que limitaciones de este tipo lo que provocan es que se retire vivienda del mercado para dedicarla a otros fines que no sean el alquiler.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias critica que las decisiones que está tomando el Gobierno no servirán para solucionar el problema del alquiler. Así se referían también a la idea de dedicar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler social, si bien solo el 3% de esas casas se encuentran en zonas tensionadas.

Cabe recordar que la limitación de precios es una estrategia que ya se está llevando a cabo en la ciudad de Barcelona. Según los datos del propio Ayuntamiento de Barcelona, a principios de 2020 se pagaban de media 980 euros mensuales por un piso, mientras que en la última parte de 2022 la media asciende a 1.077 euros.

Como dice Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, «las experiencias recientes de Berlín y París, y la más cercana de Barcelona muestran que los resultados de estas políticas, lejos de mejorar el mercado del alquiler, lo han empeorado: reducen dramáticamente la oferta disponible y aumentan las tensiones sobre los precios».

Desde el despacho Abencys apostillan que los inversores podrían elegir otros destinos si se aprueba la Ley de Vivienda. ¿Las razones? La falta de incentivos y el aumento de la inseguridad jurídica. Carlos Grande, socio del despacho, lo resume: «Si el inversor no tiene incentivo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay vivienda nueva (…), con el consiguiente perjuicio para el arrendatario, que ve limitada su elección».

Propuestas de Feijóo

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncia que, si llega a la Moncloa, eliminará los límites de precios. Sin embargo, se muestra partidario de dar ayudas a los jóvenes, en concreto, propone prestar una ayuda 1.000 euros para la emancipación de los jóvenes.

Por otro lado, cree que otra buena medida sería ampliar el bono de alquiler joven, además de avalar el 15% de la compra de la viviendas, o bien avalar las fianzas que piden los propietarios para alquilar. Si bien critica las medidas del Gobierno, Feijóo entiende que existe un problema con la vivienda, con un incremento de los precios del 10% mientras que la oferta de pisos se reduce un 17%.