Cristina Sánchez (Pacto Mundial de la ONU España): “Es en Europa donde se vislumbra la posibilidad de posicionarse como una potencia en el desarrollo sostenible” 

Mivi Clavera (Dirse): “Últimamente, debido al retraso en la conformación de gobierno, estamos retrasados en algunas trasposiciones” 

Belén Viloria (B Corp): “Las administraciones deberían fomentar el avance en sostenibilidad de las empresas, poniendo el foco en simplificar los procesos, pero también incorporando incentivos y beneficios fiscales” 

Mónica Chao (WAS): “Es difícil para las empresas cumplir con la normativa europea en materia de sostenibilidad” 

La percepción de que la burocracia es una barrera para el avance en materia de sostenibilidad es un desafío común no solo de España, sino de toda Europa. En palabras de la CEO del movimiento B Corp, Belén Viloria, las administraciones deberían fomentar el avance en sostenibilidad de las empresas, poniendo el foco en simplificar los procesos, pero también incorporando incentivos y beneficios fiscales.  

Y es que, para seguir avanzando en la Agenda 2030 y en los Acuerdos de París, situando así a España a la vanguardia de Europa, también es importante la aportación de asesoramiento y apoyo técnico o la inversión en educación y concienciación, tanto del tejido empresarial, como de la ciudadanía. 

España y Europa hacia la sostenibilidad 

Nuestro país, junto con otros europeos, está trabajando para convertirse en una referencia mundial en el ámbito de la sostenibilidad. La directora ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez, argumenta que, con un alto porcentaje de empresas implementando acciones relacionadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) -9 de cada 10 empresas ya realizan acciones a favor de la Agenda 2030- y una creciente conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, España está desempeñando un papel destacado en este campo.  

Según los últimos datos recogidos en el Informe sobre Desarrollo Sostenible 2022 elaborado por Naciones Unidas, y que hace un seguimiento del progreso de los 17 ODS a alcanzar en 2030, sitúa a España en el puesto 16 de un total de 193 países. Escala cuatro puestos con respecto a 2021, en un ranking liderado por los países europeos.  

Así, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (SDSN), señala que estos resultados constatan una tendencia general en nuestro país de mejora continua. Además, el informe también incluye como indicador los esfuerzos y compromisos de los Gobiernos nacionales en relación con la aplicación de los ODS, donde se observa que España mantiene un puesto alto en este compromiso -entre los 15 primeros países-, “esencialmente por contar con estructuras específicas y estrategias para incorporar de manera transversal los ODS en las políticas públicas”.  

Aun así, aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en relación con la Agenda 2030, según comenta Belén Viloria (B Corp), quien añade que hay bastantes avances y que ya son muchas las empresas de nuestro país que se han posicionado como agentes de cambio clave que miden su impacto y aspiran a ser parte de la solución y no del problema.  

De hecho, según el Pacto Mundial de la ONU España, el 70% de las empresas supervisadas publicaron recientemente informes de sostenibilidad, el triple que en 2016. Pero, más allá de los reportes y las herramientas de gestión, España se situó recientemente a la vanguardia europea en la promoción de la economía de impacto.  

“Y lo hizo gracias a la aprobación de una nueva figura jurídica, las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), que permite reconocer e impulsar las ‘Empresas Con Propósito’. Este marco jurídico, incluido a través de una enmienda transaccional dentro de la Ley Crea y Crece aprobada en 2022, acoge a todas aquellas compañías que generan un beneficio social y ambiental, además de un retorno económico”, señala Viloria.  

Es en Europa donde se vislumbra la posibilidad de posicionarse como una potencia en el desarrollo sostenible, gracias a los esfuerzos conjuntos de diversos países y a la implementación de políticas y estrategias comunes como el famoso Green Deal o la avalancha normativa en materia de sostenibilidad de los últimos años. Este es nuestro momento de emerger como líderes en la sostenibilidad global”, expone Cristina Sánchez (Pacto Mundial). 

El tsunami regulatorio 

Según enfatiza la directora general de la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (Dirse), Miwi Clavera, como país y en cuanto a legislación, España está bastante alineada con el resto de Europa, ya que la mayoría de las directivas se aprueban a nivel europeo y deben trasladarse a las legislaciones nacionales. “Últimamente, no obstante, debido al retraso en la conformación de gobierno, estamos retrasados en algunas trasposiciones”. 

La realidad es que Europa está impulsando toda una avalancha normativa que pretende crear un cambio estructural, posicionando a Europa en la cabeza de sostenibilidad y, como sostiene la presidenta de Woman Action Sustainability (WAS), Mónica Chao, “es difícil para las empresas cumplir con esa normativa”.  

Algo en lo que coincide Clavera (Dirse), quien habla, como ya hicieron Alberto Castilla y Alberto Andreu, de un “tsunami regulatorio”, para poner de manifiesto la explosión de regulación en materia ASG que existe en el marco europeo y que, en la actualidad, España está intentando asimilar, “dadas las imprecisiones y los retos que supone su aplicación”.  

De hecho, cabe destacar que desde la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad elaboran una recopilación mensual de novedades normativas, en la que la media se establece en 25 nuevas al mes.  

En materia fiscal, continúa, la Unión Europea quiere introducir en la cumbre climática COP28 de este mes la idea de que el sector de hidrocarburos haga una “contribución financiera” al desarrollo, como germen de un posible impuesto global para que las empresas del ramo contribuyan a que los países vulnerables puedan adaptarse al cambio climático.  

Teniendo en cuenta que la lista de legislación es infinita, Belén Viloria (B Corp), hace hincapié en que es necesario crear un marco legal adaptado a la realidad que vivimos. “Proveer de políticas públicas para conseguir que el marco legal español impulse la economía de impacto y una transformación empresarial sostenible. La introducción de las SBIC en España es un paso de gigante para fomentar y dar seguridad jurídica a un modelo empresarial orientado a la generación de un triple impacto positivo”.  

Por su parte, Mónica Chao reconoce que en España tenemos una reflexión que hacer en este sentido: hay que hacer hincapié y ver las diferencias entre el cambio real que generamos y cómo el cambio se alinea con el empleo y la riqueza, no solo centrarnos en cuestiones normativas. “El foco debería ir de la mano de instrumentos económicos que impulsasen que los mercados optasen por soluciones sostenibles de creación de riqueza y empleo. Necesitamos que las grandes cabezas pensantes planteen nuevos instrumentos alineados con el mercado que impulsen la transformación sostenible sin generar tanta burocracia”.  

Y, en este punto, no se pueden obviar dos puntos clave: por un lado, la burocracia y, por otro, las pymes que conforman el tejido empresarial español. La fundadora y presidenta de WAS cree que se debería hacer un ejercicio de “orden” en las nuevas normativas y de acompañamiento a las empresas.  

En su opinión, las grandes empresas tienen más recursos y estructuras para abordar estas normativas, pero hay empresas medianas y pequeñas que están más “asfixiadas” y de las que no podemos olvidarlos, porque hay que ayudarlas a “encontrar el valor y a crear el ámbito”.