La patronal y los sindicatos coinciden en que un cambio de este calado tendrá que debatirse en el seno del diálogo social

El objetivo de la coalición PSOE y Sumar será «ganar tiempo para la vida». Con esa sentencia ha resumido Yolanda Díaz, líder de Sumar, el espíritu del acuerdo entre los dos partidos de izquierdas para formar gobierno. De entre los varios compromisos de este pacto, destaca la ambición en materia laboral, en la que Díaz puede presumir de haber conseguido numerosas fotos junto a representantes sindicales y patronal.

En esta ocasión también les ha puesto de acuerdo, pero para criticar un pacto que no ha contado con el perceptivo visto bueno del diálogo social, si bien es cierto que la recepción general de los sindicatos ha sido buena. Desde el ámbito empresarial se ha criticado sin reservas la medida, mientras que los representantes de los trabajadores se muestran satisfechos por introducir este asunto en el debate público.

CEOE, Cepyme y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) dedican adjetivos gruesos en un comunicado conjunto. Esta medida supone un «aumento de costes para las empresas», lo que se suma a los incrementos que ya están sufriendo. El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor cree que «habrá que ver cómo las empresas y autónomos pueden aguantar, con la situación que están viviendo, una reducción de la jornada pagando lo mismo».

No obstante, para la patronal resulta imprescindible atender a las formas tanto como al fondo. Por eso, pide que se muestre respeto al último pacto social que se firmó el diez de mayo entre las empresas y los sindicatos, en el que no se hizo ninguna mención a una reducción de la jornada laboral.

Dicho acuerdo, el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, tiene una vigencia de tres años. De este modo, la patronal recuerda que es misión del diálogo colectivo con los sindicatos la fijación de nuevas normas. «Lo contrario es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales», censuran.

En ese sentido, muestran preocupación por una medida que va a tener «un impacto negativo» para las empresas, sobre todo para las pymes y autónomos, que representan la inmensa mayoría de las compañías españolas. De esa forma, las empresas tachan de «sorprendente» el acuerdo, en tanto que se adentra en cuestiones referentes al diálogo entre empresas y trabajadores.

Por eso, se critica que este pacto se haya firmado «a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente». Para poder llevar a cabo una medida de este tipo, la patronal reclama un análisis «sector a sector y empresa a empresa», a la vez que rechaza la «imposición legal».

En línea con lo que comentan las empresas, Unai Sordo, secretario general de CCOO, exige que el diálogo social tenga «un papel determinante» en cómo se va a aplicar esa reducción. En una intervención pública, el responsable sindical habla de que dicho punto de encuentro es donde mejor se puede precisar cómo se va a reducir la jornada.

En sintonía con lo que dice CEOE, Sordo afirma que no todos los sectores pueden aspirar a que su semana laboral dure cuatro días, aunque muestra su satisfacción por el reconocimiento legal que tendrá esta propuesta. Al igual que en UGT, esta organización espera que la medida no se quede ahí, sino que es un avance hacia una semana de 35 horas.

Esa es la aspiración de Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, quien tiene clara la meta: «Esta legislatura debe ser la de las 35 horas semanales». Según Álvarez, esta reducción de la jornada laboral está justificada por el aumento de productividad que registra España. A este respecto, cabe destacar que, según los datos que recoge CaixaBank Research, la productividad entre 2014 y 2022 creció un 0,3% en España, frente al 0,9% del conjunto de la Unión Europea en ese mismo periodo.

Al igual que el otro principal sindicato, plantea que las organizaciones empresariales serán fundamentales para implementar este acuerdo político. Aunque entiende que la reacción de la patronal haya sido negativa, confía en que mantenga una postura «suficientemente abierta» para poder tratar el asunto en reuniones venideras. Queda por ver si se cumplirá esta expectativa de Álvarez, teniendo en cuenta el rechazo frontal que han mostrado los representantes empresariales al anuncio.