El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseguró este lunes que «no saldrá gratis» haber organizado y convocado una manifestación en la capital en la que se vulneraron las medidas de prevención de contagios de coronavirus, y que se sancionará «con la máxima contundencia» permitida por la legislación.
En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Franco recordó que la Delegación del Gobierno no tiene competencia para impedir una manifestación más allá de recibir la comunicación de la misma si se cumplen los requisitos para ello, y explicó que en esa comunicación no se cuestionaba el uso de la mascarilla sino al contrario, se aseguraba que se respetaría la distancia de seguridad y que se recordaría a los participantes la necesidad de preservar esas medidas.
Ante la pregunta de por qué no se disolvió la manifestación, explicó que podría ser «peor el remedio que la enfermedad» si todas esas personas, sin mascarillas y sin haber respetado la distancia mínima interpersonal, se dispersaba por las calles de Madrid.
Franco defendió la actuación «proporcional» de las fuerzas de seguridad, y reiteró que «no va a salir gratis» esa iniciativa a quienes han puesto en riesgo no solo su salud sino la de todos los demás, con una actitud claramente «incívica».
Plaza de Colon Madrid, manifestación contra el magnate marxista Soros, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y afiliados pic.twitter.com/2Ql6VwP0sR
— 🇪🇸💪 (@Telegrafia02) August 16, 2020
El ministro de Justicia critica la “irresponsabilidad flagrante” de los manifestantes en Madrid
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, criticó este lunes la “irresponsabilidad flagrante” de quienes el día anterior se manifestaron en Madrid contra las medidas de prevención de contagios de coronavirus sin respetar la distancia mínima interpersonal y, en muchos casos, sin mascarilla.
En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, el ministro aseguró que “no hay vacío legal” en el combate contra la pandemia, y alertó de que cualquier reforma legal para buscar un mecanismo intermedio entre el estado de alarma y la gestión autonómica requiere “sosiego”.
En su opinión, el hecho de que una misma medida sea autorizada por unos jueces en unos territorios y no lo sea por otros es una prueba de que “el Estado de Derecho funciona”, porque toda restricción de los derechos fundamentales tiene que ser valorada por los jueces y el Derecho siempre es cuestión de supuestos de hecho y matices concretos.
Sobre la manifestación de Madrid, coincidió con el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, en que, a la vista de la comunicación enviada por los convocantes, no había “ningún motivo legal” para impedir la marcha.
Sin embargo, reconoció que las imágenes de la manifestación dan una “sensación abrumadora de incumplimiento flagrante” de las medidas impuestas por las autoridades para contener la pandemia, por lo que comparte la pretensión de la Delegación del Gobierno de imponer las sanciones máximas posibles ante ese acto de “irresponsabilidad flagrante”.
