Los nuevos presupuestos, la contención fiscal, el empleo, la productividad o el problema de las pensiones son los asuntos más urgentes a resolver por el futuro ejecutivo 

José María O’Kean: “Los principales desafíos son la estabilización de la economía y la reducción de la inflación, sin que esta moderación nos lleve a una recesión ni al incremento del paro” 

Tras las elecciones del 23 de julio, el reloj de la democracia empieza a correr. Al cierre de esta edición de Capital, el Rey ha propuesto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la investidura, sin que, de momento, tenga todos los apoyos para la formación de Gobierno. 

En cualquier caso, e independientemente de quién gobierne, la economía española tiene abiertas varias vías de agua que deben ser reparadas de forma inmediata. El ‘barco’ se puede hundir sin remedio, y solo un cambio drástico en la política de Estado puede reflotar la economía de un país que tiene varios indicadores en números rojos. 

Por ello, nos hemos preguntado qué retos económicos tiene pendientes nuestro país y de qué manera se verá afectada la economía si el PSOE vuelve a salir vencedor en la investidura o si el PP cambiará la dinámica en el caso de que logren formar Gobierno. 

Presupuestos y contención fiscal

Los nuevos Presupuestos Generales del Estado son el primer escollo a salvar por el futuro Ejecutivo, sea quien sea el afortunado. El próximo ‘borrador’ de las cuentas públicas españolas, a diferencia de las anteriores desde la pandemia, deberá incluir medidas correctoras para reducir el déficit público y la deuda. Lo que está claro es que pase lo que pase, desde la Unión Europea van a presionar a España para cambie su política de gasto, que lleva aumentando año tras año. 

Desde Bruselas no ven con buenos ojos el despilfarro. El crecimiento económico de España durante estos últimos meses parece ser, de hecho, un espejismo ocultado bajo una sábana de incremento del gasto público y la contratación de nuevos trabajadores estatales. De hecho, más del 55% del empleo generado durante este último año ha sido público, a pesar de que desde el Ejecutivo se jacten con orgullo de ello. 

Según el Banco de España, cerramos el segundo trimestre de 2023 con una deuda pública que superaba el 112% de nuestro PIB, aunque durante la pandemia llegó alcanzar la mastodóntica cifra del 125%. Por lo tanto, es evidente suponer que España está de nuevo lastrando el crecimiento real de la economía y ahogando a sus trabajadores para conseguir unas cifras cortoplacistas infladas, que luego serán utilizadas en la consiguiente campaña política.  

Esto nos lleva al siguiente punto clave, la reducción del déficit público. En 2020, la pandemia elevó el desequilibrio del 3% al 10%, aunque se redujo al 4,8% en 2022. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal –Airef– estimó que el gasto público superará a los ingresos en un 4,1% del PIB al cierre de 2023, un 1,1% superior a los objetivos fijado por el anterior Gobierno en funciones y la Comisión para el año que viene. 

Los ingresos tributarios siguen en máximos históricos, en parte, gracias a la inflación. Sin embargo, tanto el enfriamiento de la economía como la normalización del IPC están ralentizando el ritmo de recaudación. Aunque, en lo que llevamos de año, el Estado ha ingresado un 4,2% más de recursos que en el mismo periodo de 2022 (101.199 millones de euros), en mayo se elevaron hasta los 10.520 millones de euros, lo que supone una ralentización del 5,9% frente al mismo periodo de 2022. 

Bruselas ya ha instado varias veces al Gobierno español a mantener una política fiscal prudente. En concreto, la Comisión Europea recomendó el Ejecutivo que limitara el aumento del gasto público primario al 2,6%, como máximo, en 2024 para lograr el recorte del déficit estructural al 0,7% que le pide para ese ejercicio, equivalente a 9.289 millones de euros. El próximo Ejecutivo deberá asumir este recorte para cumplir con los objetivos fijados con la Unión Europea.  

Empleo y productividad

Para el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, José María O´Kean, los principales retos de la economía están relacionados con «la estabilización de la misma y la reducción de la inflación, sin que está moderación nos lleve a una recesión ni al incremento del paro». Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social indican que el empleo continúa al alza: desde los cerca de 18,8 millones de personas antes de la pandemia hasta el último registro -récord histórico- de 20,8 millones de afiliados.  

La creación de empleo está siendo uno de los motores de la economía española, y, según las principales instituciones de análisis económico, su resistencia es una de las razones de la concatenación de revisiones al alza de la economía.  

O´Kean cree que, gobierne quien gobierne, «el Ejecutivo va a estar condicionado por la Comisión Europea y por la necesidad de reducir el déficit, pero mientras que el PSOE querrá mantener el gasto público -por lo que tendrá que subir los impuestos-, es previsible que el PP vaya aminorando algunas tasas impositivas de algunos impuestos».  

Ya hemos explicado antes que, a pesar de estos datos, el empleo que se está generando, incluso a pesar de contratos como el famoso fijo discontinuo, no es de la calidad suficiente como para asegurar el futuro laboral de los trabajadores a largo plazo. 

El contrato fijo discontinuo está pensado para aquellos trabajos que se desarrollan de forma intermitente, pero estable: la empresa no necesita al empleado de forma continua durante todo el año, pero sí en periodos de tiempo recurrentes e intermitentes durante cada ejercicio.  
 

La reforma laboral ha hecho hincapié en la excepcionalidad de las formas de contratación temporal, ampliando los casos en los que debe optarse por la contratación indefinida. En este marco, el nuevo contrato fijo discontinuo es una de las principales herramientas de la reforma para acabar con la temporalidad. 

A pesar de ello, sigue sin solucionar algunos factores que son decisivos y que impiden el despegue del mercado laboral en España. El primero es que esta clase de contratos no resuelve las complicaciones derivadas de la saturación y los bajos salarios de sectores tan necesarios como el turístico. Por otro lado, dado que gran parte del empleo que se ha creado recientemente (55%) es de tipo público, el problema estructural sigue estando ahí. 

El otro factor clave a resolver es la baja productividad española. Según los datos de la OCDE, los españoles trabajamos de media 1.577 horas al año, pero nuestra productividad no pasa de los 51,23 dólares por hora trabajada. Estamos tres puntos por debajo de la media de la OCDE, aunque los datos son mucho más sangrantes si los comparamos con otros países desarrollados. 

Recordemos que la productividad es el resultado de dividir el PIB entre las horas trabajadas, aunque se toman otras variables en cuenta. Italia es, de los grandes países, el que peores datos tiene, pero, aun así, su PIB por hora trabajada se sitúa en 54, 17 dólares la hora. Ni hablar de otros estados, como Francia y Alemania, donde su productividad alcanza los 67,11 y los 67,56 dólares por hora, respectivamente. 

En ambos países se trabaja bastante menos que en España, pero el rendimiento es superior. Son 1.402 horas en Francia y 1.332 horas en Alemania al año. En el Reino Unido ocurre algo similar: con 1.367 horas trabajadas al año, su productividad se sitúa en 61,47 dólares la hora. 

Estados Unidos es de los pocos ejemplos de esta lista en los que verdaderamente se trabaja mucho más (1.767 horas al año), pero también se produce de forma más eficiente (73,37 dólares por hora). 

José María O´Kean opina que la baja productividad española «es el problema de fondo, pero es un problema difícil de resolver en el corto-medio plazo». Para él, la cuestión está en «el tejido productivo español, que tiene pocas empresas, de muy pequeño tamaño y con escasez de empresas tecnológicas».  

«Tengo la esperanza de que, con el final de los contratos temporales, las empresas contratarán trabajadores a más largo plazo y entrarán en un proceso de formación de estos trabajadores para la utilización de nuevas tecnologías que requieren personal más cualificado. Quizás, así la productividad vaya subiendo. Nuestro tejido productivo entiende la productividad como una reducción de las horas de trabajo, pero la clave de la mejora de la productividad en la actualidad es hacer cosas más valiosas; pensar que simplemente bajando las horas de trabajo vamos a tener una economía con salarios más altos y con un nivel de bienestar mayor es un error. La clave está en producir bienes y prestar servicios de mucho más valor para el consumidor, que permitirá un incremento de los salarios y elevará el bienestar social para todos», afirma O´Kean. 

Por ello, el futuro Gobierno deberá lidiar con un problema enquistado -casi desde siempre en nuestro mercado laboral- y de difícil solución, en especial por las trabas burocráticas, el infierno fiscal, el estancamiento de los empleados públicos e incluso la forma de vida española.  

La reindustrialización y los fondos europeos

El siguiente reto es la utilización eficiente de los fondos llegados desde Europa. El nuevo Gobierno tendrá que ser capaz de asegurar que España aprovecha al máximo el dinero de los fondos europeos, y tendrá que conseguirlo en tiempo récord. 

En un momento de gran incertidumbre y turbulencias económicas, los fondos europeos se han convertido en el colchón que puede darle un empujón a la economía española. España ha ingresado hasta ahora 37.000 millones de euros de los fondos europeos, lo que supone el 53% de las ayudas previstas por el momento, después del último desembolso de 6.000 millones por los objetivos cumplidos. 

Está previsto que España ingrese un total de 160.000 millones de euros provenientes de estos fondos cuando se complete el ciclo 2022-2026 del programa Next Generation UE. Los fondos comunitarios, que financian actuaciones en el ámbito de la digitalización o la descarbonización, están llamados a elevar el crecimiento potencial de la economía española.  

De nuevo, el principal reto para España es gastar este dinero de forma coherente. Aunque las dimensiones del ‘rescate’ no tienen precedentes –la combinación de fondos y créditos alcanza un volumen equivalente al 12% del PIB–, lo cierto es que el ritmo de mejora del PIB no ha experimentado subida alguna con respecto a las cotas que se observaban antes de la pandemia y las previsiones de medio y largo plazo que se manejaban entonces. 

Superado el efecto de la pandemia -que hundió un 10,8% el PIB de 2020 y propició un rebote del crecimiento con tasas del 5,1% en 2021, 4,3% en 2022 y 3,5% en 2023, respectivamente–, el ritmo de expansión de la economía de nuestro país volvería a moverse en torno al 2%.  

¿Qué significa esto? Que el PIB está creciendo tres décimas menos que lo previsto para 2024. Es decir, que a pesar de que se vaya a inyectar en la economía española un volumen de fondos equivalente al 12%, la capacidad de crecimiento de nuestro país seguirá siendo la misma que la de antes de dicha ayuda. 

El problema para España es que la Comisión Europea es reacia a seguir prestando estas cantidades si los resultados obtenidos no son satisfactorios. Y podrían paralizar la llegada de nuevos fondos en caso de no realizarse las inversiones necesarias. 

El caso de España es muy particular, porque solo ha gastado el 10% del total de los 77.200 millones que se le han asignado (aunque no entregado del todo) por el momento. Italia, con el 22% de inversiones realizadas, es el otro país que más preocupa a la Unión Europea.

El conflicto con las pensiones

Si hay un tema que no deja dormir a los políticos de nuestro país ese es sin duda el problema con las pensiones. Con una población cada vez más envejecida, una capacidad adquisitiva que ha crecido tres veces menos que la media europea en los últimos 20 años y unos salarios que apenas dan para vivir en el actual contexto inflacionario, parece difícil que las pensiones puedan seguir cobrándose al mismo nivel. 

Y, sin embargo, lo hacen. Con casi el 42% del total, el gasto en pensiones es sin duda el mayor agujero de los Presupuestos Generales del Estado, más aún si tenemos en cuenta que todos los gobiernos han continuado aumentándolas con una clara estrategia electoral, y lo seguirán haciendo en el futuro hasta que el barco -que ya está zozobrando- se hunda definitivamente. 

El gasto en pensiones se ha llegado a duplicar en los últimos quince años, pero no está en consonancia ni con la subida del coste de la vida ni con unos sueldos que hace tiempo que no sirven para mover la rueda del sistema. 

La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno, y validada por la Comisión Europea, establece que si el gasto en pensiones supera el 15% del PIB -los últimos datos del ministerio de Seguridad Social lo colocan en el 11,7% del PIB en mayo, sin contar con las de clases pasivas- y las medidas para asegurar los ingresos del sistema se elevan por encima del 1,7%, el futuro Gobierno deberá llevar a cabo medidas de ajuste: o de incremento de ingresos o de gasto (o ambas).  

Las pensiones no pueden dejar de pagarse, eso es evidente. Pero mantener el actual ritmo de incremento, lo único saludable económicamente hablando es que el PIB del país siga creciendo por encima de su nivel habitual, que los salarios sean mayores y que el futuro Gobierno se asegure de cuidar al pequeño y mediano empresario, tan vilipendiado en España. 

Solo con un crecimiento del sector privado desde la base y una legislación que elimine las trabas a la apertura de negocios -además del saqueo a los autónomos- podrá la economía sostener la delicada disyuntiva de las pensiones. Para O´Kean «nunca habrá una solución final para el tema de las pensiones, serán más bien soluciones parciales». 

«Deberíamos mentalizarnos sobre esto. Subiremos la edad de las pensiones; primero con carácter voluntario y después de forma obligatoria. Después, incrementaremos los requisitos para cobrar las pensiones altas: más años, cotizaciones etc. Y quizás también, igual que ya está sucediendo, algunas pensiones se pasarán a las cuentas del Estado, de forma que eso que llamamos la caja de las pensiones, es decir, financiar las pensiones con las cuotas de Seguridad Social de las empresas dé una apariencia de cierto equilibrio», cree O´Kean.  

España es un país donde es casi imposible que existan empresas importantes. Los datos de la Comisión Europea están ahí: el tamaño medio de las empresas en España es en torno a 4,6 trabajadores, claramente inferior al de países como Reino Unido y Alemania, donde el tamaño medio alcanza los 10,4 y 12 empleados, respectivamente.  

De los algo más de tres millones de compañías, 1,8 millones no tienen asalariados, y casi un millón y medio más no llega a los 10 trabajadores. Únicamente unas 1.700 empresas tienen más de 500 empleados y pueden considerarse grandes empresas, mientras en el Reino Unido y Alemania éstas suponen el 43,2 y 36,5% del empleo total, respectivamente. 

Estas cifras son muy importantes, ya que repercuten en la propia productividad del país, que como hemos visto, aún está muy por debajo que la de otros países desarrollados del entorno. Por ello, quizá el reto más importante para el nuevo Gobierno será agilizar el complejo entramado burocrático que impide a las empresas crecer y contratar nuevos empleados que ganen más, si no quiere que el agujero de las pensiones termine por tragarnos a todos.