Muchas empresas se están viendo obligadas a revisar sus procedimientos, invertir en nuevas tecnologías o buscar soluciones a un nuevo problema que, normalmente, genera tensión para los empresarios

La digitalización ya forma parte de todos los aspectos de nuestras vidas y las empresas, conscientes de ello, avanzan en materia de digitalización en busca de optimizar todos sus procesos. Un ejemplo de ello es todo lo relacionado con la burocracia de estas y el ámbito fiscal. Por ello, Capital conversa con Isabel Nogales, responsable de Negocio de Fiskaly en España, una solución SaaS para la fiscalización y digitalización de recibos.

¿Cuáles son las ventajas de digitalizar el sistema fiscal de una empresa?

Una de las principales preocupaciones para las empresas a nivel de gestión es cumplir con la normativa fiscal, sobre todo cuando se introducen nuevas legislaciones o se ajustan las existentes. Este aspecto se magnifica incluso para aquellas compañías internacionales que entran a un nuevo país, teniendo que ajustarse a un modelo fiscal nuevo y sobre el que, posiblemente, cuente con poco expertise.

Para cualquier negocio, el no tener asegurado el cumplimiento fiscal les pone en riesgo de recibir una sanción, que en la mayoría de los casos supone una cantidad económica elevada, de hasta el 20 % de su facturación. Aquí es donde entra en juego la digitalización que, además de permitirles ahorrar tiempo y recursos, les aporta la tranquilidad, al saber que no están corriendo ningún riesgo en este sentido, al contar con una solución que cumple con la normativa vigente, y que se actualiza de forma automática conforme cambia la legislación.

La creación de fiskaly surgió precisamente para cubrir las necesidades de las empresas en materia de fiscalización de forma sencilla, ágil y con todas las garantías de que su empresa está cumpliendo con las normativas aplicables. Especialmente en un contexto en el que muchos países, no solo España, están revisando sus políticas fiscales, para hacerlas más efectivas y evitar el fraude. Es el caso de la normativa TicketBAI (implementada por las Haciendas Forales de País Vasco desde 2021) y del futuro Verifactu a nivel nacional.

SIGN ES de fiskaly es una herramienta digital en la nube que ayuda a las empresas a cumplir con todos los requisitos tributarios de forma sencilla. Nosotros nos dirigimos principalmente a desarrolladores de software TPV, bien sean proveedores o empresas que usen tecnologías propias. Nuestra solución garantiza que los sistemas de facturación estén alineados con las especificaciones de las autoridades ante las que responden, y automatiza el cumplimiento fiscal.

¿Por qué ha decidido la compañía apostar por España?

España tiene una fiscalidad compleja, con diferentes regulaciones y requisitos, gestionadas por distintas autoridades fiscales. En fiskaly, los retos nos motivan especialmente y, de ahí, nuestra apuesta. El mercado tiene una necesidad urgente que nosotros podemos cubrir simplificando y digitalizando el cumplimiento fiscal. Contamos además con amplia experiencia en mercados mucho más exigentes a nivel fiscal como Austria o Alemania, lo que nos ha ayudado a la hora de ganar expertise en esta materia.

Por otra parte, el mercado español está experimentando un gran crecimiento, configurándose como una de las economías con mayor proyección en los próximos años, lo que nos motiva a ofrecer a las empresas la tecnología que les permita acoplarse a ese crecimiento.

Arrancamos nuestra andadura en el país con 8 empleados para el mercado español. Elegimos Bilbao para situar nuestra primera oficina, por su proximidad con los negocios regulados por la norma TicketBAI, y, a partir de aquí, nuestro objetivo es seguir

creciendo para dar respuesta a una necesidad que va a afectar a las empresas del resto del país, derivada de la normativa Verifactu, ya aprobada y pendiente de implantación el año que viene.

¿Qué dificultades han encontrado a la hora de internacionalizar hacia España?

La verdad es que estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido en el mercado español y creemos que tenemos la oportunidad de poder posicionarnos bien y mantener un crecimiento sostenido. La parte más difícil: implementar una solución que debe tener en cuenta diferentes normativas autonómicas y nacionales, de manera que al cliente le resulte lo más sencillo posible cumplir la legalidad y adaptarse a ella. Muchas empresas se están viendo obligadas a revisar sus procedimientos, invertir en nuevas tecnologías o buscar soluciones a un nuevo problema que, normalmente, genera tensión para los empresarios.

Esta situación, aunque suponga un reto, también se presenta como una oportunidad para nosotros, ya que visibiliza el valor de nuestra solución. Frecuentemente organizamos sesiones formativas y son muchas las empresas que asisten para conocer, no ya sólo la solución de fiskaly, si no los cambios en la normativa fiscal y cómo pueden adaptarse a ellos. También, muchas empresas nos están contactando porque tienen interés en saber cómo funciona y probar nuestro producto.

¿En qué punto de la digitalización se encuentra actualmente el sistema fiscal español?

En realidad, el sistema fiscal en España es uno de los más modernos del mundo. La introducción del SII (Suministro Inmediato de Información) en 2017 ya supuso un gran cambio en cuanto a simplificación de las obligaciones tributarias. Ahora, con normativas como TicketBAI, se ha ido un paso más allá, si bien las empresas que tributan en la zona deben compartir en tiempo real la información de todas las transacciones realizadas con Hacienda, en un formato específico. Esta normativa se lanzó en 2021 y su implementación ha sido progresiva, culminando a finales de este año.

A nivel nacional, existe un proyecto similar, todavía en desarrollo, que se comunicó con la ley antifraude en 2021. La publicación anunciaba la intención del Ministerio de Hacienda de establecer una nueva normativa que evitará el fraude fiscal. Para ello, las empresas tendrían la obligación de compartir la información de todas las facturas emitidas con la Agencia Tributaria cada vez que se realice una venta.

Todavía está pendiente de que se comuniquen plazos y forma, ahora pendiente de desarrollo reglamentario. En cualquier caso, podemos esperar un modelo similar al de TicketBAI, con grandes ventajas para las empresas, puesto que el esfuerzo de la administración pública por digitalizarse permitirá que las empresas puedan ahorrar muchas horas de trabajo, al automatizar el proceso.

¿Cuál es el futuro del sistema fiscal español?, ¿se prevé algún cambio próximo con el nuevo Gobierno?

Ahora mismo, el sistema tributario español está en plena transformación digital. El origen está en la transposición de la directiva 2016/1164, que está derivando en diferentes normativas para promover la transparencia fiscal y evitar el fraude en un mercado de digitalización creciente. El hito más inmediato es el programa TicketBAI que, a partir de enero de 2024, afectará al 100 % de las empresas y autónomos del País Vasco, obligándoles a enviar electrónicamente a la Administración Tributaria las facturas que emiten.

Además, en julio de ese mismo año, se prevé que entre en vigor en todo el país el sistema Verifactu, que insta la remisión inmediata de las facturas emitidas a Hacienda, contando con una firma electrónica que garantice la inalterabilidad de las facturas, además de un código QR que certifique que la factura ha sido declarada efectivamente Hacienda. Al menos, esto era lo que tenía previsto el Gobierno antes del adelanto de las elecciones generales. A raíz de este, muchas leyes han quedado paralizadas y una de ellas es la regulación reglamentaria de la Ley Antifraude, que es la trasposición de la directiva europea dirigida a luchar contra el fraude. Tendremos que estar atentos a cómo evolucionan las cosas.

¿Qué principales diferencias hay entre el sistema fiscal español y el de otros países como Alemania y Austria?

El sistema fiscal español es uno de los más modernos del mundo, y aunque esté aún en una etapa incipiente de digitalización, la forma en la que se está abordando presenta muchas ventajas respecto a otras regulaciones europeas.

Por ejemplo, se está apostando por un modelo 100 % en la nube, lo que posibilita un flujo de información en tiempo real. Otros sistemas, como el alemán, permiten distintos modelos mediante hardware (sistemas de seguridad físicos, con la instalación de un tipo de memoria integrable en cajas registradoras), software en la nube, o un híbrido entre ambas soluciones, lo cual resta ligereza en la información. Otro de los puntos fuertes del modelo español, actualmente en marcha con TicketBAI, es que extiende la responsabilidad de compartir la información con Hacienda a los desarrolladores de software de TPV. Así, no es solo responsabilidad de los negocios, sino también de sus partners tecnológicos.

Por supuesto, una de las principales diferencias es la regulación que se aplica según donde está el domicilio fiscal de la empresa. Así, se ha dado el caso de que, en el País Vasco, las pequeñas empresas vascas sí han tenido que afrontar la inversión de la implantación de TicketBAI, pero no así grandes empresas cuya sede fiscal no se encuentra en País Vasco, a pesar de tener puntos de venta físicos por todo el territorio.

Esto implica que las regulaciones que las empresas deben cumplir varíen en función de su ubicación. Como comentaba, en estos territorios existe TicketBAI y a nivel nacional se está trabajando en Verifactu. Además de estas legislaciones, en la actualidad existen otros dos sistemas fiscales que obligan a informar de las transacciones a las autoridades fiscales españolas. Estos dos son el SII (Suministro Inmediato de Información) y el reglamento de facturación electrónica, pero el funcionamiento de estas normativas es diferente, y responden a otros objetivos.

A esto hay que sumarle que, en Austria, por ejemplo, se fiscalizan los pagos, no las facturas, mientras que en España se ha extendido la obligatoriedad de fiscalización a todo tipo de transacciones, incluyendo e-commerce por ejemplo, que no se fiscaliza en Alemania o Austria.

Además, España ha sido el único en dar el poder a las comunidades autónomas de legislar en materia fiscal.