España se sitúa entre las principales potencias económicas de Europa, y entra dentro de las quince más potentes del mundo pero, a pesar de ello, la renta per cápita de los españoles no está entre las más altas de Europa

El tema de los impuestos es uno de los debates más calientes en el seno de las sociedades desarrolladas. Cada país trata de gestionar su economía de la manera más eficiente, adaptándola a las necesidades de la población o exprimiendo sus fortalezas frente a los estados vecinos. 

Existen diferentes modelos por todo el mundo. Los países anglosajones basan su modelo económico en la libertad y la flexibilidad del sistema, apoyados por un mercado común gigantesco y un dominio de las fuentes de recursos y la creación de empresas tecnológicas, sumado a una capacidad armamentística espectacular. 

En Europa, hay división de opiniones. Los países mediterráneos suelen tener impuestos altos y unos salarios más reducidos que su contraparte norteña, lo que reduce su poder adquisitivo.  

Pero no hay que dejarse engañar. Algunos de los países considerados más «moderados» en el tema impositivo, son sin embargo grandes adalides de mantener unos impuestos elevados. Este es el caso de Dinamarca, cuyo tipo máximo alcanza el 55,5%. 

Alemania, la gran locomotora de la economía europea, alcanza un elevado 47,5% en su tipo máximo para la renta de los trabajadores. A pesar de esto, los alemanes disfrutan de una renta per cápita cercana a los 50.000 euros anuales según el Banco Mundial, o de unos 48.000 euros si cogemos las cifras del FMI.  

Por el contrario, España, que posee una fiscalidad con retenciones que superan el 45% en los tramos más elevados (60.000-300.000 euros), apenas disfruta de una renta per cápita de 30.000 euros anuales (datos del Banco Mundial). 

Existen ejemplos opuestos, como Suiza, Irlanda o Estonia, que son a veces considerados «paraísos fiscales» por la baja tasa impositiva existente. 

Y es normal que surja entonces el eterno debate: ¿tener impuestos más bajos fomenta el crecimiento económico de un país? 

¿Qué es un paraíso fiscal? 

Antes de comenzar con el debate impositivo, es esencial diferenciar entre «territorio con impuestos bajos» y paraíso fiscal como tal. Puede parecer evidente, pero gran parte de la ciudadanía aún tiene dificultades para distinguir entre lo legal y lo moral. 

Si atendemos a la definición clásica, un paraíso fiscal es un territorio o estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo.  

Aquí ya encontramos una gran diferencia entre territorio con bajos impuestos y paraíso fiscal. Un territorio con bajos impuestos no tiene por qué fomentar la residencia de personas o empresas extranjeras en su país, sino que simplemente mantiene una tasa impositiva menor que la de sus vecinos. 

Por el contrario, los paraísos fiscales no solo hacen gala de unos impuestos ridículamente bajos, sino que se jactan de garantizar la seguridad jurídica y el secreto bancario de todos los individuos y entidades que depositen su dinero en dichos territorios. 

Aquí está la segunda diferencia. Mientras que los paraísos fiscales atraen por naturaleza a evasores de impuestos, empresas pantalla o criminales propiamente dichos, los territorios que una fiscalidad más reducida fomentan la creación de empresas en su propio país y tratan de elevar la renta media de sus ciudadanos.  

La OCDE ya elaboró una lista de los considerados paraísos fiscales en el año 2011, y no sorprende que muchos de los mencionados en la lista sean territorios de ultramar o antiguas colonias británicas en algunos de lugares más recónditos del mundo. 

Entre estos territorios nos encontramos con Gibraltar o Nauru, que por su posición geográfica, basan su economía en este cuestionable sistema.  

La lista dada por el Fondo Monetario Internacional tampoco deja lugar a dudas. Países como Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Singapur, Israel, Líbano o Tailandia están considerados paraísos fiscales.  

Pero la lista no acaba ahí. El FMI también considera paraísos fiscales a territorios tan dispares como las ciudades de Londres, Dublín o Hong Kong, la isla portuguesa de Madeira, Puerto Rico o Tánger. 

De hecho, un informe del Tax Justice Network elaborado en 2020, culpa al Reino Unido, los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza de ser responsables de la mitad de las pérdidas fiscales anuales mundiales: 199.000 millones de euros. 

A pesar de lo que pudiera parecer, no basta con ser un paraíso fiscal para que un estado crezca económicamente o para que sus ciudadanos disfruten de unos salarios elevados.  

Ejemplos de ellos son países como Panamá, Chipre o Liberia, que a pesar de estar también considerados como paraísos fiscales, no están ni por asomo entre los territorios más ricos del planeta.  

Tampoco son amigos de la riqueza los países que poseen el apelativo de «infierno fiscal». Un infierno fiscal, a diferencia de los paraísos, es un estado con una tasa impositiva exageradamente alta. Según algunas definiciones, infierno fiscal también significa una burocracia fiscal opresiva u onerosa.  

Una burocracia lenta y excesiva, unos impuestos altos y la dificultad para crear empresas, además de un mercado poco flexible, es claramente el principal freno para un estado que quiera mejorar su salud económica.  

Y de hecho, algunos expertos ya consideran que España está bastante cerca de parecerse a ese infierno fiscal.  

El infierno fiscal español 

España se sitúa entre las principales potencias económicas de Europa, y entra dentro de las quince más potentes del mundo. A pesar de ello, la renta per cápita de los españoles no está ni de lejos entre las más altas de Europa. Y tampoco del mundo. 

Si cogemos los datos antes mencionados del Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita (nominal) de España roza los 30.000 euros anuales. Esto nos sitúa en el puesto cuarenta a nivel mundial, por debajo de países como Estonia, Chipre, Eslovenia, Malta, Italia, Andorra, Francia, Reino Unido, San Marino, Alemania, Bélgica, Finlandia, Austria, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Noruega, Irlanda y Luxemburgo. Y esto solo si atendemos a países europeos. 

De hecho, este mismo año se especulaba sobre el sorpasso de la República Checa a España en términos de renta per cápita. 

Queda claro que hay algo que no se está haciendo bien en nuestro país. Los datos muestran que incluso algunos estados que hasta hace treinta años estaban bajo la órbita de regímenes comunistas, como el caso de Chequia o Estonia, ya están superando en riqueza al español promedio. 

Por si esto fuera poco, los salarios españoles siguen siendo muy inferiores al de sus contrapartes europeos, y el incremento de los alimentos y los combustibles tampoco ayuda. 

Un informe del Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation muestra que España es uno de los países con una fiscalidad más agresiva contra el sector productivo. España se sitúa en 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados y es uno de los cinco países con peor competitividad fiscal de la OCDE. El esfuerzo fiscal, la presión fiscal normalizada en función de la renta, ya es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea. 

Sin embargo, los sucesivos gobiernos que han habitado la Moncloa durante la última década no parecen estar de acuerdo con decir que España tiene unos impuestos altos. De media, la recaudación sobre el PIB ronda el 39%, lo que haría pensar que el dinero que ingresa el Estado gracias a los impuestos es suficiente, pero nada más lejos de la realidad. 

España ingresa menos porque tiene más del doble de tasa de paro (12,5%) que la media de la UE (6%), incluso por encima de Grecia (11,4%) y muy lejos del tercero (Italia, 7,8%), y la mayor tasa de paro juvenil (32,3%), más del doble que en la media de la UE (15,1%).  

Al tener más parados y sueldos bajos, la cifra de ingresos fiscales sobre PIB parece mucho más baja, pero los impuestos al trabajo (IRPF y cotizaciones sociales totales) son más elevados que la media.  

Además, España tiene empresas mucho más pequeñas que la media comparable. La inmensa mayoría de las empresas de España son microempresas (94%). Las pymes soportan el 72% del empleo frente al 63,7% de Alemania o el 66,6% de la media europea. Al tener empresas más pequeñas y débiles, y unos beneficios empresariales comparativamente inferiores a la media de la UE, los ingresos fiscales aparecen como inferiores.  

En resumidas cuentas, la presión fiscal española es mucho más elevada de lo que se cree, los salarios no se adecúan al precio de la vida y la dificultad para crear y mantener una empresa es infinitamente superior a la de muchos países de nuestro entorno. Por ello, debemos fijarnos en otros ejemplos. 

Estonia: el paraíso en Europa 

Si bien algunos territorios como Suiza o Luxemburgo tienen un nivel de vida y una riqueza incomparables, hay otros casos de estados que están a su nivel, pero con políticas igual de interesantes. 

Estonia es un gran ejemplo de cómo sacar a un país de la pobreza y convertirlo en uno de los más prósperos del mundo en menos de tres décadas. Si bien hasta los años noventa formaba parte de la Unión Soviética y había quedado destrozado por las políticas comunistas y la disolución del propio país, los estonios han logrado salir del agujero con mucha clase. 

Todo empezó con la liberalización del mercado y el salto a Internet. Estonia se ha convertido en un paraíso para el teletrabajo, los trabajadores extranjeros y la creación de empresas. Incluso existe una página web del gobierno sobre cómo crear una empresa en tres sencillos pasos. Un ejemplo de compañía exitosa estonia que quizá desconocíamos: Skype. 

Su impuesto sobre el IRPF no pasa del 20%, al igual que el de sociedades. Pero hay truco: las personas que ingresan entre 6.000 y 25.000 euros tienen tipo reducido, y a partir de los 25.00 todo el mundo paga lo mismo, pero nunca más de ese 20%.  

Otro de los pasos para crear riqueza en Estonia fue la reducción de la burocracia excesiva. Incluso para hacer la recaudación de la renta solo se tardan cinco minutos, con otro tutorial del gobierno en Internet. Un Internet, que, por cierto, el país estonio considera como uno de los derechos fundamentales del ser humano.  

Lo de la «burocracia cero» no es broma. En 2009, Estonia despidió al 40% de sus trabajadores públicos. Y a largo plazo, se han propuesto que el número de funcionarios no supere el 12% de la población activa.  

Además, el país báltico es uno de los territorios con mejor educación del planeta, situándose en el quinto lugar. Aunque eso no le exime de necesitar trabajadores, pues Estonia apenas cuenta con un millón de habitantes. Su tasa de paro es muy baja (menos del 6%), y los estonios ya han comenzado a darle vueltas al coco para solucionar la falta de trabajadores. 

Y lo han logrado gracias al programa de e-Residencia, un sistema de ciudadanía virtual que permite a empresas y trabajadores extranjeros el acceso a algunos servicios del país, como la gestión de empresas y la contribución al sistema impositivo local.  

Aunque este sistema no permite el acceso a la ciudadanía de forma física, es una forma sencilla de crear nuevas oportunidades de negocio, que favorece tanto a los trabajadores como al estado. Queda claro que no importa el camino a seguir, siempre y cuando el estado permita la creación de riqueza y no rapiñe ni extenúe los bolsillos del pueblo.