Dr. Juan Abarca (Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS): “Hace falta una reforma en profundidad del ordenamiento jurídico que regula el sistema mediante un pacto de Estado por la sanidad y la innovación” 

Manuel Franco (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS): “Un servicio sanitario equitativo, necesariamente pasa por un servicio público, lo que no quiere decir que los servicios privados no deban estar atentos y puedan ayudar en momentos específicos” 

Carlos Rus (Alianza de la Sanidad Privada Española, ASPE): “Nosotros siempre estaremos con la mano tendida para apoyar al SNS y a los pacientes” 

Durante los últimos años y, especialmente, a raíz de la pandemia y la crisis sanitaria causadas por la Covid-19, la viabilidad del sistema sanitario, así como su supervivencia y sostenibilidad, han sido la diana de numerosos debates a lo largo y ancho del esquema político de nuestro país. Pero, ¿sería posible su supervivencia sin la colaboración público-privada? 

¿Es viable un sistema sanitario sin la colaboración público-privada? 

Si algo trajo consigo la pandemia por Covid-19 fue el poner de relieve las carencias del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la necesidad de una mano amiga que fuera capaz de hacer frente a la alta incidencia de casos, es decir, la sanidad privada. En este sentido, Carlos Rus expone que la colaboración público-privada es esencial para poder tener un SNS eficiente y eficaz: “La capacidad y accesibilidad a la infraestructura hospitalaria que aporta la sanidad privada es imprescindible”.  

Ante la pregunta de si ahora, en un contexto marcado por una aparente relajación de la pandemia, sería posible contar con un Sistema Nacional de Salud efectivo y que diera respuesta a todos los pacientes sin la colaboración público-privada, el presidente de la Fundación IDIS, el Dr. Juan Abarca tiene claro que esto sería imposible, porque ello supondría “incrementar la presión asistencial sobre un SNS que ya de por sí está desbordado y bloqueado y que mantiene unas cifras de listas de espera que son ya insoportables”, a lo que Rus añade que, de hecho, la relajación de la pandemia no es tal, porque aún se están viendo las claras consecuencias en las listas de espera. 

Por su parte, el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), explica que la pandemia nos ha enseñado numerosas cosas, que es fundamental que el sistema se prepare para las posibles pandemias futuras y que, sobre todo, se aprenda lo mejor posible: “Tal y como recomendó la Organización Mundial de la Salud (OMS) e hicimos desde SESPAS, es vital reforzar los sistemas sanitarios, empezando por la atención primaria, siguiendo por los servicios de salud pública que, necesariamente pasan por la monitorización y la vigilancia, y reforzar la parte terciaria de los hospitales”. 

Es decir, tal y como puntualiza el presidente de la Alianza Privada Española (ASPE), no se puede prescindir de los hospitales, que suponen el 56% total en España, las casi 5.000 camas, que representan el 31% y los más de 1.600 quirófanos (el 36% de los disponibles en España), que aporta el circuito privado, “teniendo en cuenta, además, que los costes de los procedimientos quirúrgicos, de diagnóstico y especiales en los conciertos entre los servicios regionales de salud y los centros privados son de media un 46%, un 56% y un 50% inferiores, respectivamente, al precio público”.  

Prescindir de la parte privada, además, no solo supondría reducir considerablemente estas cifras, sino que, inevitablemente, provocaría una presión financiera incremental al SNS, que, tal y como apunta el Dr. Juan Abarca, se situaría en el entorno de los 8.000 millones de euros, “lo cual haría que su insuficiencia económica fuera mayor, si cabe”. 

Es por ello por lo que, en palabras de Carlos Rus, la colaboración público-privada en el terreno sanitario debe ser una herramienta complementaria con respecto a la gestión pública, como lo es en otras muchas esferas de la administración pública. De hecho, avanza, la eliminación de esta colaboración supondría un “riesgo para la sostenibilidad del sistema, ya que es inverosímil que las administraciones autonómicas puedan asumir toda la actividad que se realiza ahora a través de los conciertos”. 

Además de la tensión a una infraestructura ya de por sí “operando al límite” especifica, provocaría un aumento del gasto público significativo al exigir atender una demanda asistencial sin contar con el ahorro de los 2.700 millones de euros que implica el precio al que concierta la privada frente al precio público. 

El gasto público en sanidad: ¿suficiente? 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en materia de Sanidad, consolidan, según detalló el ejecutivo de Pedro Sánchez, el compromiso gubernamental para “fortalecer” el Sistema nacional de Salud, con el objetivo de conseguir un sistema “más robusto, más equitativo y más moderno, que sea capaz de adaptarse a las necesidades de salud de la población”.  

“La capacidad y accesibilidad a la infraestructura hospitalaria que aporta la sanidad privada es imprescindible”

Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)

De este modo, la dotación para el ejercicio 2023 del Ministerio de Sanidad, en el que se incluyen los organismos públicos adscritos, es decir, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); la Organización Nacional de Trasplantes (ONT); y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), asciende a 2.746,17 millones de euros, incluyendo tanto el presupuesto nacional, como el destinado a la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos. Esto supone, por tanto, un incremento del 7,83% respecto a la dotación de 2022 (199,32 millones de euros más).  

Pero, ¿es este aumento suficiente? “El aumento presupuestario anunciado no es suficiente por una sencilla razón, no se puede presupuestar sobre presupuesto, hay que hacerlo sobre el gasto real y situarlo respecto al PIB por encima de la media europea según datos de la OCDE, que en la parte pública se sitúa en el 7,6% y España destina tan solo el 6,4%”, sentencia el presidente de la Fundación IDIS. Además, para tener un sistema equitativo de calidad, prosigue, hace falta implementar medidas de buena gobernanza relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y la medición de resultados y objetivos, entre otras. 

Por su parte, el presidente de ASPE se muestra muy cercano a la opinión del Dr. Abarca, ya que expone que este aumento sigue siendo insuficiente para las necesidades del sistema sanitario: “Hay que tener en cuenta que, al compararnos con Europa, en 2018 gastamos 2.320 euros por habitante, es decir, 303 euros por debajo de la media europea”. Por ello, aclara, para alcanzar la media necesitaríamos 13.398 millones de euros, algo más de un 1% adicional del PIB, o lo que es lo mismo, para 2023, se necesitaría, al menos, un presupuesto adicional de 1.000 euros por habitante.  

En este sentido y, analizando el gasto sanitario de los años anteriores, en 2019, el gasto total español en Sanidad fue, según los datos del Ministerio de Sanidad, de 115.458 millones de euros, lo que supone algo más de un 9% del PIB (casi 3% en gasto privado). Estos porcentajes del PIB, tal y como comenta Carlos Rus, son prácticamente idénticos en cada uno de los cinco años anteriores.

“Podemos afirmar, por tanto, que el esfuerzo presupuestario ha sido el mismo durante estos años, si bien el gasto total se ha visto incrementado en más de 15.000 millones en los últimos cinco años, al mismo tiempo que la población aumenta, envejece y genera más tensión asistencial a la infraestructura y a los recursos humanos establecidos”, subraya. 

En lo que respecta a la opinión del ámbito público, Manuel Franco, epidemiólogo y portavoz de SESPAS, defiende que, lo importante, es la equidad en salud, pero que es verdad que, desde el punto de vista de la sanidad pública, más allá de la Covid-19, muchas entidades han hecho sus aportaciones a procesos de suplir las carencias, por ejemplo, de salud infantil, mental, de servicios de oftalmología o de salud dental, donde había muchas carencias.  

“Hemos visto y hemos evaluado que las pocas iniciativas privadas que se han hecho en este ámbito no han podido ser sostenidas en el tiempo, no todas las comunidades autónomas las han llevado a cabo y no han podido perdurar. Por tanto, se demuestra que un servicio sanitario equitativo, necesariamente pasa por un servicio público, lo que no quiere decir que los servicios privados no deban estar atentos y puedan ayudar en momentos específicos. 

El rumbo de la sanidad española 

Teniendo en cuenta que la sanidad española parte desde un presupuesto insuficiente y una colaboración público-privada en tela de juicio, según exponen los expertos, ¿qué hace falta para que se consolide firmemente? 

El Dr. Abarca entiende que el SNS se encuentra en una situación muy complicada y que “es necesario refundar el sistema de tal forma que dé respuesta a las necesidades actuales, puesto que los principios que determina la Ley General de Sanidad del año 86, ya no se cumplen”, haciendo alusión al acceso al sistema, con unas listas de espera “intolerables”; la equidad, donde la realidad es que existen unas “inequidades manifiestas en el acceso a la innovación y en dependencia del código postal de residencia); a la cohesión interterritorial, donde nos encontramos frente a una España vacía con pocos accesos a la sanidad, etcétera.  

Así, determina que hace falta una reforma en profundidad del ordenamiento jurídico que regula el sistema mediante un pacto de Estado por la sanidad y la innovación: “La sanidad española debe evolucionar hacia un sistema eficiente, bien gobernado, suficiente en todos los sentidos, con un marcado carácter colaborativo e integrador”. 

Aquí es importante recordar que, la ley que regula la sanidad española, es decir, La Ley General de Sanidad, se remonta al año 1986 y que, en ella tiene su origen la colaboración público-privada en materia de sanidad.  

Por su parte, el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) hace hincapié en que la sanidad española debe hacer un ejercicio de prospección, no solo desde la pandemia, sino desde antes: “Venimos de unas políticas de austeridad desde los años 2002-2008 y la pandemia no solo nos ha puesto patas arriba, sino que nos ha demostrado las fortalezas y las debilidades del sistema”, a lo que añade que es necesario hacer un ejercicio de modernización y de actualización.  

Al hilo de lo anterior, Carlos Rus sostiene que, tanto la innovación como la tecnología, que son las apuestas claras de la sanidad privada, serán también elementos clave para consolidar una asistencia sanitaria de vanguardia, “que deben ser igualmente aprovechados por el Sistema Nacional de Salud”.  

“La sanidad española debe evolucionar hacia un sistema eficiente, bien gobernado, suficiente en todos los sentidos, con un marcado carácter colaborativo e integrador”

Dr. Juan Abarca, presidente de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)

La ‘Ley Darias’: ¿Un impulso para blindar la sanidad pública? 

El pasado septiembre, el pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitación del proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Equidad Sanitaria, más conocida como ‘Ley Darias’. 

Entre otros asuntos, esta nueva normativa cierra la puerta a nuevos copagos y establece “excepciones” para que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, a través de modelos privados, pero solo de manera complementaria y de apoyo, sin sustituir a la pública, tal y como determinó en aquel momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias. 

De este modo, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria cuando no sea posible la gestión directa y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como la optimización de recursos sanitarios o la insuficiencia de medios propios para prestar los servicios.  

Así, esta Ley de Equidad Sanitaria que busca blindar el sistema público de salud, identificando como modelo la gestión directa ha sido objeto de numerosos debates y críticas en el hemiciclo y entre los representantes de los hospitales y clínicas privadas.  

En opinión de la Alianza de la Sanidad Privada Española, se debe virar el rumbo que pretende el Gobierno de Coalición con su Ley de Equidad. “El modelo de consolidación pasa por aprovechar todos los recursos disponibles, la titularidad de estos no puede ser un impedimento para utilizarlos”, expone su presidente, a lo que añade que estamos en un momento lleno de desafíos, con un envejecimiento de la población que va a tensionar el sistema nacional de salud aún más en los próximos años y que va a requerir la máxima eficiencia. 

“La universidad es fundamental, no podemos pensar que tenemos un país próspero, saludable y con niveles altos de bienestar, cuando hay una parte de la población que se ve fuera de la ecuación del sistema sanitario”

Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)

Ante esto, el Dr. Abarca entiende que esta ley no es suficiente para consolidar el SNS y que, sinceramente, espera que “no nos encontremos en los prolegómenos de una posible eliminación de la cooperación público-privada, ya que, ni el sistema, ni nuestro país, se lo pueden permitir”. Además, puntualiza que los ciudadanos no han de ser los acreedores de ello, puesto que, los problemas endémicos de nuestro sistema en términos de acceso, equidad, cohesión, eficiencia o insuficiencias, entre otros, se verían multiplicados, afectando al paciente y a la sociedad en su conjunto.  

Sin embargo, la opinión de Manuel Franco es firme y es que, para el portavoz de SESPAS, la universalidad de la sanidad pública es una de las patas fundamentales, así como la equidad, la buena gobernanza y formación de los profesionales: “La universidad es fundamental, no podemos pensar que tenemos un país próspero, saludable y con niveles altos de bienestar, cuando hay una parte de la población que se ve fuera de la ecuación del sistema sanitario”. 

Y para la sanidad privada, ¿qué supondrá esta Ley? Carlos Rus explica que esta ley no solo pondrá trabas a la eficiencia del sistema, así como una disminución de la calidad de los servicios asistenciales, sino que busca la “eliminación de la colaboración público-privada al otorgarle un carácter excepcional y al establecer unos criterios para su utilización que son muy difícilmente objetivables”. Esto, insiste, supondría una disminución del 10 o el 15% de los ingresos para la sanidad privada, que realiza el 40% de la asistencia sanitaria del país. 

La aprobación de la ley de equidad sanitaria y el establecimiento como fórmula de gestión preferente aquellas que sean de gestión directa de carácter público, situando a la gestión indirecta como forma excepcional y justificada “generaría una reducción de los conciertos y un retraso en la firma de los mismos por ser esta una medida excepcional, lo que generaría un impacto directo en forma de incremento en las listas de espera y uno indirecto en forma de cierre de centros privados por reducción de la utilización de las camas privadas”, sentencia el Dr. Abarca.  

En lo referente a las listas de espera, el presidente de ASPE expone que esta ley tampoco beneficiaría a los máximos históricos a los que se está llegando actualmente en este sentido. Los últimos datos publicados en junio de 2022 por el Ministerio de Sanidad apuntaban la existencia de 742.518 personas esperando una intervención quirúrgica, lo que supone un aumento del 5% con respecto a diciembre de 2021, y casi tres millones esperando para consulta con especialistas (incremento del 3,8% en relación con el mismo periodo). 

”En este contexto, se pretende sacar adelante una ley que elimina la posibilidad de contar con el circuito privado como recurso flexible, complementario pero estratégico. No vemos que desde un ángulo de gobernanza sanitaria tenga sentido alguno. Nosotros siempre estaremos con la mano tendida para apoyar al SNS y a los pacientes”, culmina Carlos Rus. 

Por tanto, habrá que esperar para comprobar si realmente la nueva Ley Darias supondrá el final de los días para la colaboración privada y, de igual forma, ayuda a blindar el Sistema Nacional de Salud o, por el contrario, continúa aumentando las abultadas listas de espera que tanto ponen en tela de juicio la eficacia de la sanidad española.