«La reversión del incremento de gasto para funcionarios y pensionistas es una tarea políticamente ‘suicida’, la Administración está condenada a mantenerlos

El gasto de las distintas Administraciones Públicas españolas superará este año los 640.000 millones de euros, según se desprende de las estimaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esto supone un incremento del 35% frente a los 473.000 millones registrados hace 10 años, en 2013, cuando la economía española se recuperaba de la crisis de deuda hipotecaria gracias al rescate bancario. 

En este mismo periodo, el PIB de España habrá pasado de los 1,02 a los 1,28 billones de euros, según la media de las últimas previsiones (menos de un 5% en 2022 –aunque el INE calcula que fue del 5,5%- y un 1,3% en 2023). Es decir, que, en la última década, la capacidad de creación de riqueza de la economía española habrá avanzado un 25%, un 30% menos que lo que aumenta el gasto público. Dicho de otra forma, de media, en los últimos 10 años, por cada euro que ha avanzado el PIB, la Administración se ha gastado 1,4 euros más. 

Cuestionado por este asunto, un ex diputado del Congreso con dilatada experiencia en materia presupuestaria fue bastante claro al respecto. “A pesar de las cifras, el margen para reducir el gasto público en España es mínimo. Más de 3,3 millones de funcionarios son muchos votos y, por cada capítulo de gasto que se incrementa, casi siempre hay un lobby -grupo de presión- detrás, cuyos miembros se benefician. Y hacen mucho ruido…”. 

En síntesis, y según se desprende de las palabras de este ex diputado conservador, los aumentos de gasto público prácticamente se blindan en cuanto son aprobados en los PGE, en las cuentas públicas autonómicas o en las locales. La reversión de los incrementos parece una tarea políticamente ‘suicida’, independientemente del partido que gobierne. Y, con esta misma premisa, podemos inferir que el colectivo de los pensionistas responde de forma similar. 

En pleno proceso de envejecimiento de la población, el volumen de votantes jubilados o que percibe algún tipo de prestación de la Administración crece sin parar. El número de pensionistas en España ya supera los nueve millones, de los cuales más de 900.000 percibe más de una pensión. El sector público abona, por tanto, en torno a 10 millones de prestaciones al mes, de las cuales la gran mayoría corresponden a jubilación.  

Para lograr el máximo respaldo de estos dos colectivos -empleados públicos y pensionistas, más de 12 millones de votos en conjunto-, la estrategia del Gobierno no es nueva y parece bastante clara: aumento de salarios -más del 2,5% interanual, además del recorte de jornada- y de oferta pública de empleo para el colectivo de funcionarios y fuerte subida de las pensiones. Este último capítulo, de hecho, ya roza los 12.000 millones de euros mensuales de gasto para la Seguridad Social (un 10,8% más en enero). Y seguirá creciendo. 

Esta visión cortoplacista y electoralista es muy peligrosa, porque los incrementos coyunturales de gasto público tienden a convertirse en estructurales. Y, como desde la antigua Grecia, por encima del Estado no hay nada, la economía española parece condenada a vivir permanentemente ‘sobrepresupuestada’ y excesivamente endeudada. 

El cambio de estrategia hacia una gestión más eficiente de los recursos públicos, con técnicas adoptadas y adaptadas desde el sector privado, requiere una valentía que es muy complicada de encontrar en los diferentes hemiciclos. Como consecuencia directa, el volumen de deuda de la Administración sigue fuera de control y ya supera los 1,5 billones de euros y el Tesoro tendrá que emitir 70.000 millones de euros netos este año para sostener al gigante estatal.