Según Fedea, sin contar los ingresos extra del MEI, el déficit alcanzaría el 0,9% del PIB el próximo año y sin las transferencias del Estado, el 2,4% del PIB

La Seguridad Social cerrará 2022 con un déficit de 4.900 millones de euros, el equivalente al 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB), una décima por debajo de lo previsto por el Gobierno, según un análisis de Miguel Ángel García, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Funcas) y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, recoge Europa Press.

Esta previsión de García coincide con la esbozada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que en varias ocasiones ha previsto que el déficit del sistema para este año sea inferior al 0,5% del PIB presupuestado inicialmente debido a la buena evolución de los ingresos por cotizaciones sociales, superiores a lo estimado inicialmente.

En cambio, las proyecciones de García para el déficit de 2023 publicadas por Fedea difieren de las previstas por el Ejecutivo en el Presupuesto de la Seguridad Social del próximo año (-0,5% del PIB).

Así, tras analizar las cuentas del sistema para 2023 y compararlas con los saldos estimados para 2022 en ingresos y gastos, este experto sitúa el déficit de la Seguridad Social para el próximo ejercicio en el 0,7% del PIB, dos décimas por encima de lo proyectado por el Gobierno.

Este porcentaje se elevaría hasta el 0,9% del PIB, explica García, si se deducen los ingresos extraordinarios que se esperan obtener a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), «que en puridad deben inyectarse en el Fondo de Reserva para ser utilizados en el pago de pensiones a partir de 2032», apunta.

«De ser así, se alejaría del objetivo del Gobierno de alcanzar el equilibrio presupuestario en la Seguridad Social al final de la legislatura a pesar de haber inyectado transferencias adicionales desde el Estado por valor de 1,4 puntos del PIB (19.888 millones de euros)», subraya este experto.

Cuestiona las transferencias del Estado

Para García, que dirigió el Gabinete Económico de CCOO durante varios años y fue miembro del comité de expertos que diseñó el ahora derogado factor de sostenibilidad, resulta «muy cuestionable» que se establezca esta partida de casi 20.000 millones de euros en transferencias del Estado «para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo«.

«Esta partida es muy discutible, entre otras razones, por la falta de criterios claros para determinar qué ayudas ha de financiar el Estado e incluye algunos conceptos que nunca estuvieron dentro del sistema de Seguridad Social, como es el caso de la cuantía para cubrir otros conceptos de naturaleza no contributiva por valor de 5.559,58 millones de euros», denuncia.

García subraya que sin tener en cuenta esta «cuestionable» transferencia, el déficit de la Seguridad Social aumentaría hasta el 2,4% del PIB en 2023, «explicando el 72% del déficit de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y algo más del 60% de la previsión oficial de déficit de todas las administraciones públicas en el próximo año».

«Conocido el contenido del presupuesto, podría considerarse incoherente que en un sistema con saldo negativo a pesar de haber inyectado una gran cantidad extra de dinero y en el que se espera en breve la llegada de la generación del ‘baby boom’ a la edad de jubilación, se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado, que aumentará exponencialmente durante muchos años», argumenta.

En opinión de García, la llegada de un choque externo «inesperado y abrupto» que ha disparado la inflación, «ha demostrado el riesgo de mantener en cualquier circunstancia la actualización de las pensiones con el IPC, facilitando que los pensionistas sean de los pocos colectivos que consiguen proteger su renta ante un fenómeno que esperemos sea excepcional, deteriorando la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la equidad personal y entre generaciones, consecuencia de una desequilibrada distribución de los esfuerzos entre la población española».

Para García, resulta «preocupante» que las cuentas de la Seguridad Social recojan el creciente recurso a las transferencias del Estado «para financiar unos supuestos gastos impropios de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y por tanto no deberían correr a cargo del Estado».

Estas transferencias, que ascienden ya al 1,4% del PIB, tienen, a su juicio, el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, «ofreciendo así una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones«.

«La transferencia del Estado para financiar los denominados gastos impropios no evita que, en el caso de cumplirse las hipótesis manejadas, empeore el déficit del sistema de Seguridad Social desde el 0,4% del PIB en 2022 al 0,7% en 2023, y también el de su componente contributivo, hasta alcanzar el 2,4% del PIB», expone García.

Infraestimación de los gastos en casi 3.000 millones de euros

A ese déficit del 0,7% del PIB que García proyecta para la Seguridad Social en 2023 llega después de estimar que los ingresos por cotizaciones podrían aumentar un 7,1% (sin contar el MEI, el 5,1%).

Para ello utiliza la previsión de crecimiento del empleo a tiempo completo de los Presupuestos del próximo año (0,6%), un favorable aumento de la base media, la elevación de las bases mínima y máxima, y la mayor recaudación obtenida con el aumento del tipo de cotización en un 0,6% destinado al MEI (2.793 millones de euros).

Al mismo tiempo, García estima que el gasto en pensiones recogido en las cuentas de 2023 «parece infraestimado en torno a 2.800 millones de euros» si se asume una actualización con la tasa anual media del IPC (en torno a 8,5%), un efecto sustitución por valor del 1,2% del gasto y un crecimiento en el número de pensiones del 1%.

De hecho, asegura que el gasto total en pensiones contributivas resultado de aumentar esos porcentajes sobre la ejecución estimada para 2022 arrojaría un crecimiento de los gastos del 10,1%, hasta los 169.582 millones de euros.

Así, García avisa de que, de cumplirse estas previsiones, la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales en 2023 (5,1% deducido el MEI) será «muy inferior» al aumento del gasto en pensiones (10,1%), lo que daría lugar a un déficit del sistema del 0,7% del PIB.

A su juicio, la dotación en pensiones contributivas prevista para 2023 profundiza la tendencia de crecimiento continuado en volumen absoluto mantenida en el tiempo. Desde 2018, el gasto en pensiones contributivas de la Seguridad Social ha crecido en 41.172,63 millones de euros, lo que se ha traducido en un aumento de 1,6 puntos del peso de esta política en el PIB. De hecho, éste se situará en el 12,2% del PIB si se cumplen las previsiones de los Presupuestos de 2023.

Aunque las cotizaciones sociales son la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social (79,2% del total), García apunta que han perdido cierto protagonismo en los últimos tiempos tras alcanzar un máximo del 92,7% en 2003.

El cálculo de ingresos para 2023 incorpora el incremento de la base máxima de cotización en un 8,6%, en línea con lo que subirán las pensiones, lo que implicará un aumento del coste laboral para las empresas de los trabajadores más cualificados de entre 600 y 800 millones de euros al año, según García.

En caso de aumentar la pensión máxima en la misma proporción, la base máxima de cotización seguiría siendo superior en 21,8 puntos a la pensión máxima.