Por Borja Carrascosa, director de Capital

Acostumbrado durante años al “parcheo” de los distintos gobiernos, muchas veces con criterios más políticos que económicos, el sistema fiscal español espera su enésima reforma entre oleadas de Covid y rebajas de previsiones de crecimiento. En este contexto, y con España dividida en dos bloques políticos que, a su vez, tienen fuertes discrepancias internas, el Ejecutivo espera para finales de este mes el informe de los expertos como salvoconducto para aplicar nuevas subidas fiscales. 

Los precedentes históricos de los informes de los comités de expertos no son precisamente muy esperanzadores. En 2014, el grupo liderado por Manuel Lagares propuso 270 modificaciones impositivas y medidas como la supresión de Patrimonio que finalmente no se aplicaron.

La reforma final se quedó en una tibia rebaja del IRPF, algunos cambios en Sociedades para las pymes y ninguna medida en el ámbito de los tributos cedidos a las autonomías. De hecho, el impuesto sobre la riqueza es el que más polémica sigue levantando entre el Gobierno central y las comunidades, igual que Sucesiones y Donaciones. 

El objetivo, en esta ocasión, no pasa por elevar el PIB de forma orgánica y contribuir al crecimiento económico, sino por aumentar la recaudación a costa de la creación de riqueza y equilibrar los cambios tributarios con las expectativas de apoyo parlamentario de los grupos políticos en el futuro. Reducir el gasto, hoy, no es una opción para el Ejecutivo, que mantendrá un desembolso público cercano al 50% del PIB también en este ejercicio. En el horizonte tributario nacional ya se empiezan a conocer algunas medidas que centrarán el debate político en los próximos meses. 

La primera reforma que estudia el Gobierno, según informan fuentes cercanas a Hacienda, es la reordenación de productos en el IVA. Más concretamente, el objetivo parece ser la progresiva disminución de la importancia del IVA reducido -gravado con el 10%- mediante el traslado de bienes y servicios al tipo general -21%-. Esto aumentará el precio de los productos, lo que contribuirá a sumar algo más de inflación en cuanto se aplique. 

En esta categoría figuran bienes y activos como las viviendas y los garajes; productos farmacéuticos como las vendas o los preservativos; equipos y aparatos médicos como las gafas; entradas para espectáculos deportivos o las importaciones de objetos de arte, entre otros. En este ámbito, la decisión final sobre los bienes y servicios afectados estará probablemente más relacionada con la previsible reacción de los grupos de presión –lobbies– afectados que con la eficacia recaudatoria de la recolocación de categorías del IVA reducido al general. 

Además, el Gobierno cree que sigue habiendo margen para elevar la recaudación a través del IRPF, que en 2021 registró cifras históricas de ingresos, y pretende incrementar los tipos impositivos en algunos tramos del tributo. La medida se podrá justificar bajo el mantra recurrente de “que paguen más los ricos”, pero la realidad es que es una medida que impacta directamente en el consumo. 

El aumento de tipos iría acompañado, además, de un nuevo “tijeretazo” a las deducciones fiscales que los particulares pueden aplicar en el IRPF. Igual que en el caso de Sociedades, los beneficios tributarios que ofrece el sistema fiscal español están siendo examinados detenidamente para decidir cuál de ellos se suprime. 

Todas las fuentes consultadas señalan que donde hay mayor recorrido es en los impuestos medioambientales, que, además, cuentan con una mejor acogida en determinados nichos de población. La tributación “verde” siempre cuenta con un mejor respaldo popular que otras medidas como la subida del IRPF o del IVA. 

Como decíamos anteriormente, el cajón de los impuestos autonómicos es el “avispero” del Ejecutivo. Además, los beneficios fiscales de imponer tipos fijos en Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales no parecen suficientes como para asumir el coste político de tales decisiones.  

El panorama político aleja cualquier expectativa de consenso, con distintas sensibilidades y, en ciernes, varias convocatorias de elecciones a nivel autonómico. Por ello, reclamar una reforma fiscal con carácter de permanencia en el tiempo, con visión de largo plazo y que busque mejorar la capacidad de crecimiento del país suena más a quimera que a realidad. Lo único cierto es que pagaremos más impuestos, en eso sí coinciden todos los expertos.