La nueva Ley de Vivienda propuesta por los socios del gobierno de coalición contempla reducir en más de la mitad las bonificaciones fiscales que perciben las denominadas Entidades de Alquiler de Vivienda, que pasarán del 85% actual al 40% que estipula la nueva normativa.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de Unidas Podemos, quienes han explicado que el acuerdo alcanzado con el PSOE introduce esta medida, que permitirá que se retiren «privilegios fiscales» a estas entidades, que generalmente entran dentro de la categoría de grandes propietarios.

Con ello, se podrán sufragar los incentivos fiscales para los pequeños propietarios con el objetivo de que estos bajen el precio de los alquileres, ya afectados por la congelación en zonas tensionadas.

Por su parte, las mismas fuentes recuerdan que las personas jurídicas de más de 10 viviendas tendrán que bajar precios del alquiler en base a los índices de referencia que se definan, algo que se aplicará tanto a un nuevo contrato al mismo inquilino como a otro inquilino diferente.

Régimen de bonificación de 2014

Desde 2014, con el objetivo de estimular el mercado del alquiler a través de una mayor oferta, las condiciones para poder disfrutar de bonificaciones en el Impuesto de Sociedades es que el número de viviendas ofrecidas en arrendamiento llegaran a un mínimo de ocho y que estuvieran en régimen de alquiler al menos un mínimo de tres años.

También pueden acogerse a esa opción de menor tributación, desde entonces, las entidades que realicen otras actividades complementarias, como la compraventa de pisos.

Las medidas de la nueva Ley de Vivienda

Si bien aun falta por conocer la redacción final del anteproyecto de ley, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmaba el pasado miércoles que el Gobierno estima que unos 150.000 pisos podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas.

“Esa podría ser una cifra, pero hay que dejar que vaya operando el mecanismo y hacer un análisis de cómo vaya evolucionando el mercado”, subrayaba entonces la ministra en declaraciones a Onda Cero.

La ministra explicaba, por otra parte, que la limitación de precios del alquiler, que estará sujeta siempre a la activación de estas medidas por parte de las comunidades autónomas, está pensada para grandes tenedores (particulares con más de 10 viviendas en propiedad) y que hayan sido constituidos como personas jurídicas.

Para los pequeños propietarios, ha asegurado la ministra, la normativa no les obligará a topar los precios del alquiler, pero contarán con importantes incentivos que ayudarán a contenerlos.

“No cambiaremos las cosas de un día para otro, eso está claro, pero sentamos las bases para que la situación de la vivienda cambie y no sea imposible acceder a ella, sobre todo por parte de los más vulnerables”, subrayaba.

Pasados unos días, y aunque aun no se ha presentado el anteproyecto, ya se tiene constancia de diversas iniciativas que introducirá, como la imposibilidad de venta de vivienda pública por parte de las administraciones a entidades privadas, estableciendo para ello un régimen de protección permanente que excluye su recalificación.

Asimismo, la normativa contempla destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, ampliando el parque público de vivienda. De ellas, la mitad estarán destinadas al alquiler social.

Además, prevé un recargo de hasta 150% del IBI para los pisos vacíos y una regulación del precio del alquiler en la que se establezca una bajada de las rentas en las viviendas de grandes propietarios con personalidad jurídica, teniendo en cuenta índices de referencia en zonas tensionadas.